Las grandes reformas políticas que comenzaron a partir de los años 70 del siglo pasado dieron como frutos a un sistema de instituciones que posibilitaron una vía no violenta para la transformación política en las urnas y no con las armas.
La izquierda mexicana, y de manera especial los grupos armados de guerrilleros de las montañas de Guerrero ofrendaron la vida de muchos combatientes contra el autoritarismo y para hacer valer los derechos sociales e individuales de los ciudadanos. De ahí que los guerrerenses esperábamos que al llegar al poder un gobierno pretendidamente de izquierda las libertades y los espacios democráticos de participación del pueblo se abrirían a todos los ciudadanos en todas las actividades y en todos los niveles para poder construir un gobierno de reconstrucción que permitiera condiciones más justas de vida para todos.
De acuerdo a la Constitución, los partidos políticos son las únicas entidades a través de las cuales los ciudadanos pueden aspirar a ejercer el poder político y materializar su derecho a modificar la forma de su gobierno en todo tiempo, de acuerdo al artículo 39 de la Carta Magna. Para ello por orden de la de la propia constitución dichos partidos son considerados entidades de interés público y prevé el financiamiento público para diversas actividades entre ellas las de participar en las elecciones en condiciones de equidad.
Por el contrario el gobierno federal y el estatal buscan debilitar hasta extinguir el sistema de instituciones y procesos electorales. Todos hemos sido testigos de cómo en Guerrero se ha instaurado un gobierno de carácter institucional que no actúe conforme a lo mandata la Constitución y las leyes. En lugar de ello se ha convertido en reproducción de los regímenes feudales de hace muchos años al considerar que son dueños de los recursos públicos y que el gobierno les pertenece como propiedad patrimonial.
Retiraron el financiamiento que por ley corresponde a los partidos políticos desde octubre del 2023 hasta la fecha y de ésos millones de pesos no han informado.
Aunado a lo anterior, con la resoluciones tomadas por el congreso del estado, referente al presupuesto de egresos, en el mes de diciembre pasado, con la mayoría de diputados de Morena, el gobierno de los Salgado ha iniciado el camino de la desaparición de las instituciones que hacen posible la participación democrática de los ciudadanos, con la muy probable consecuencia de que en Guerrero no existan más las condiciones para realizar procesos electorales conforme lo manda la ley. No habrá recursos para la instalación de casillas y se cancelarán muchas de las acciones inherentes al proceso electoral.
El reducir la mitad del presupuesto electoral para que el pueblo pueda votar, significa prácticamente retirar el financiamiento público para la campaña de los partidos políticos y con eso, se abre de lleno la puerta para que, de manera indiscriminada, fluyan los dineros de los grupos económicamente más poderosos y hasta los recursos provenientes de fuentes oscuras, con el riesgo de que en una competencia en condiciones de ilegalidad no solo se rompa el orden constitucional sino se produzcan también acciones de violencia política y social.
El Partido de la Sustentabilidad Guerrerense exige el esclarecimiento del paradero de los recursos que el gobierno desapareció y no ha pagado al IEPCGro. También el PSG rechaza enérgicamente el presupuesto aprobado por el congreso local pues no solo deja en condiciones de inequidad la contienda electoral sino que, además, con las arcas abiertas del erario, el partido Morena será el único con acceso a recursos públicos y se termina el reconocimiento de la pluralidad. Además, con los pocos recursos aprobados, dolosamente se pretende dejar sin operación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, para que no tengan capacidad de organizar y vigilar un proceso electoral limpio y legal. Por lo tanto, al cancelarse las condiciones de certeza, transparencia, equidad y legalidad, se puede vislumbrar que, por las buenas y por las malas, las próximas elecciones estatales podrían ser consideradas un gran fraude de estado en favor de Morena.
Lo que está en riesgo no es sólo la democracia, en términos generales entendida como una serie de actividades y formas para emitir el voto, sino esencialmente, al no haber opciones distintas, se cancela la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho a ejercer su soberanía, es decir, a elegir abierta, consciente y libremente a sus gobernantes. Por eso, el gobierno y su partido exhiben su condición de ultraderecha reaccionaria y antidemocrática.
Por un gobierno de reconstrucción integral para Guerrero.
Partido de la Sustentabilidad Guerrerense.
