PROPONEN ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL PARA GARANTIZAR LA “DIGNIDAD PÓSTUMA” DE FALLECIDOS

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La diputada Jessica Ivette Alejo Rayo presentó una iniciativa de adición a la Ley de Salud y al Código Penal del Estado de Guerrero para incluir la "dignidad póstuma" en dichos ordenamientos, con el objeto de proteger la identidad, imagen, memoria e integridad de las personas fallecidas.

Asimismo, propone plasmar en el Código Penal una penalidad de 2 a 6 años de prisión, una multa de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización y la reparación integral del daño para aquellos que difundan, entreguen, publiquen, transmitan, distribuyan, videograben, fotografíen, comercialicen, intercambien o compartan imágenes relacionadas con cadáveres de personas, y una penalización adicional cuando el delito involucre a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

La diputada reseñó que esta iniciativa es a raíz del asesinato del actor Octavio Ocaña, el 29 de octubre de 2021, luego de que un agente de la Fiscalía General del Estado de México y una paramédico tomaron fotos y videos del cadáver y filtraron a los medios de comunicación, sin el consentimiento de los familiares.

La diputada subrayó la importancia de estas adecuaciones al marco jurídico local porque quienes cometen este tipo de delitos suelen ser servidores públicos encargados de brindar primeros auxilios o personal de los cuerpos de seguridad, fiscales estatales o de la Fiscalía General de la República, quienes ofrecen imágenes a los medios con fines de lucro, lo que a menudo resulta en miles o decenas de miles de pesos.

Alejo Rayo resaltó que esta iniciativa pretende beneficiar a la población guerrerense, especialmente en el contexto de las recientes afectaciones causadas por el huracán "Otis" en Acapulco, que ha dejado hasta el momento 48 muertos.

“La protección de los derechos de dignidad póstuma y de los familiares afectados es crucial para garantizar un trato digno y respetuoso a los valores y al cadáver de una persona”, apuntó.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia para su análisis emisión de dictamen.

 

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