𝘼𝙣𝙪𝙣𝙘𝙞𝙖𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙞𝙣𝙫𝙖𝙨𝙞ó𝙣 𝙤𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙖 𝘾𝙖𝙨𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙚 𝘼𝙘𝙖𝙥𝙪𝙡𝙘𝙤 [ARTÍCULO]

Por 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙨 𝙊𝙧𝙩𝙞𝙯 𝙈𝙤𝙧𝙚𝙣𝙤 (𝙋𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧𝙖 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙨)

* 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 “𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎𝑠”, 𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 36 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠

* 𝑍𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑢𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝐴𝑔𝑢𝑖𝑟𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖ó

* 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

* “𝑆𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑀𝐿𝑂”, 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

El anuncio de la construcción de un edificio para la Guardia Nacional en terrenos de la Casa de la Cultura de Acapulco podría convertirse en la segunda invasión que rompe un convenio de donación condicional celebrado en 1975. La primera irrupción ilegal la cometió un grupo de comerciantes que llevan 36 años posesionados en parte de esas instalaciones.

La historia de la invasión de comerciantes a la Casa de la Cultura de Acapulco inició en 1988 con Eloína López Cano como directora del lugar quien ordenó a algunos de los trabajadores prestar una mesa y una silla para que, sobre el muro de piedra que cercaba las instalaciones, el señor Emilio de la Rosa exhibiera sus obras pintadas en papel amate que realizaba con su familia.

Sin embargo, la propia López Cano rectificó para que De la Rosa se saliera del sitio cuando descubrió que durante los fines de semana se realizaba vendimia de otra naturaleza e incluso tendían la ropa en los jardines y andadores de la Casa de la Cultura. La familia De la Rosa se fue al mercado de Icacos donde tampoco duraron mucho tiempo y tres meses después querían regresar.

La familia De la Rosa optó por ubicarse en la banqueta de enfrente, por ser más amplia con toda su vendimia. Sin embargo, cuando se abrió el restaurante Fersato’s (propiedad del abogado Fernando Salinas Torres) se tuvieron quitar.

Los comerciantes se aprovecharon de la buena voluntad por ayudarlos de la exfuncionaria quien meses después se convirtió en directora-gerente del periódico El Sol de Acapulco cuando fue invitada a participar en ese proyecto por el empresario Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Editorial Mexicana.

Durante el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu se les hizo una cabañita de dos metros y luego se instalaron en lo que sería después el Museo del Deporte, pero ellos querían estar cerca de la ruta turística, junto a la calle, y comenzaron a moverse.

Fue Rubén Darío Piza Romano, otro director de Casa de la Cultura, quien formalmente les permitió un sitio en las instalaciones a cambio de un pago económico y en especie, recursos utilizados para el funcionamiento de las instalaciones.

Cuando se realizaba un evento cultural donde hacía falta una mesa de artesanos les hablaban a ellos para que cubrieran ese espacio. Al terminar uno de tantos programas, la hija de Emilio ya no quiso salirse con sus hermanas y padre con el argumento de que “había sido invitada por el gobierno” por lo que colocaron su mesita y poco a poco se fueron extendiendo hasta ocupar toda la instalación.

Años más tarde, Blanca Reyna Aguirre, también autorizó un espacio para que el arquitecto y pintor José Vélez, quien era pareja de una de las actuales dirigentes de esos vendedores considerada la más beligerante, se instalara con su caballete, sus brochas e realizara su trabajo artístico-cultural. El artista se fue de Acapulco, pero se quedó en ese lugar María Guadalupe Yépez Uribe, su compañera sentimental.

Mediante argucias legaloides, mentiras repetidas a cada administración estatal que pasaba y con la bandera de víctimas de maltrato económico y racismo, los vendedores ya no se movieron del sitio que actualmente ocupan.

Tras Ruiz Massieu pasaron los gobiernos de Rubén Figueroa Alcocer (sustituido por el entonces dirigente del PRI Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero) y René Juárez Cisneros y todos los comerciantes (aumentados en número de familias) se mantuvieron en la posesión ilegal.

Durante el gobierno del empresario Zeferino Torreblanca Galindo se realizó un intento de desalojo, pero se dio marcha atrás luego del escándalo mediático que encabezó el periódico acapulqueño El Sur con cuyo director Juan Angulo Osorio se mantenía una pugna por el contrato de publicidad oficial. El reportero designado para el seguimiento informativo del periódico impreso fue Xavier Rosado Peraza, yerno de la dirigente de comerciantes.

En 2009, tras ese intento, los comerciantes María Guadalupe Yépez Uribe (suegra del periodista que también fue director de Comunicación Social en el gobierno morenista de Adela Román Ocampo), Carmelita de la Rosa Jiménez, Marina Díaz Jiménez, Inés Mundo Mendoza, Gabriel Santos Díaz, Cecilia Gallardo García, Victoriano de la Cruz Juárez, María Margarita Vargas Clemente y Silvia Millán solicitaron un amparo federal para evitar más tentativas de desalojo.

Ese entonces, los vendedores de artesanías argumentaron su petición de amparo y protección de la justicia federal contra actos del director del Instituto Guerrerense y otras autoridades a quienes señalaban de dar la orden y acciones encaminadas para que “el grupo de artesanos tengan el impedimento para desarrollar con normalidad la actividad comercial en los patios de la Casa de la Cultura, sita en avenida costera Miguel Alemán 4834 del fraccionamiento Costa Azul de Acapulco”.

Pedían que “el director del Instituto Guerrerense de la Cultura y el director de la Casa de la Cultura de Acapulco (aunque en la petición de amparo no dicen sus nombres quienes ocupaban esos cargos eran Nora Elisa Méndez González y Nelly Bello Flores, respectivamente) fueran impedidos legalmente de realizar toda obra y acción para instalar una malla ciclónica que impida el libre acceso a los clientes para adquirir sus artesanías”.

Entre las pruebas que presentaron los vendedores para pedir el amparo se encontraron tres avisos de recibo de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Carmelita De la Rosa Jiménez (la CFE solo hace contrataciones a propietarios del sitio) y un oficio del 12 de agosto del 2003 donde la directora del Centro Cultural de Acapulco (no dice nombre) convoca a una reunión a los quejosos.

Otros elementos de prueba presentados son un oficio suscrito por la directora del Centro Cultural de Acapulco (no indica el nombre) donde pide a la CFE la instalación de un suministro de energía eléctrica para los artesanos que laboral dentro de la Casa de la Cultura, un recibo expedido a Carmelita De la Rosa Jiménez referente al pago de luz y otro oficio signado por la directora de Centros Culturales, Difusión y Promoción Artística (no dice nombre) a la representante común de los comerciantes.

También fueron exhibidas como pruebas un convenio celebrado entre los quejosos y el Ayuntamiento de Acapulco para la venta de artesanías en el interior de la Casa de la Cultura. Finalmente mostraron una secuencia fotográfica con la cual pretendían acreditar que las obras para el enrejado del acceso a la Casa de la Cultura les impedía laborar.

En la respuesta a la petición de amparo, emitida el 19 de febrero del 2010, el juez séptimo del Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, Mario Cantú Treviño, decidió el sobreseimiento del juicio de garantías promovido por los comerciantes ya señalados con nombres y apellidos por ser improcedente su petición.

Todo el procedimiento legal para desalojar fue iniciado por un despacho de abogados, encabezado por el que fuera procurador de justicia Eduardo Murueta Urrutia, pero quedó en espera luego de que concluyó el sexenio de Torreblanca Galindo quien fue sustituido como gobernador constitucional por el expriista y ahora experredista Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Sin embargo, la siguiente titular del entonces Instituto Guerrerense de la Cultura y actual secretaria federal de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, desistió darle seguimiento al tema sin que se conozca justificación alguna para tomar esa decisión.

Frausto Guerrero era la responsable del sector cultural del estado como una cesión de Aguirre Rivero a un compromiso político adquirido con el entonces dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática y actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Según los comentarios vertidos sobre esa controvertida decisión de no seguir la demanda fue que la entonces funcionaria estatal les compraba huipiles a las mujeres comerciantes, con aspecto indígena, y las llevaba a exhibiciones culturales. Igualmente, pedía artesanías para regalar en reuniones que encabezaba a cambio de permitirles continuar en el sitio sin pagar un solo centavo ni de renta ni de los servicios que ocupaban en luz, agua potable y uso de las instalaciones sanitarias.

Pocos días después de que el huracán Otis destruyera todo el sitio, los trabajadores se dedicaron a la limpieza de su centro laboral sin recibir una sola herramienta de la Secretaría de Cultura. La actual titular de la dependencia, Aída Melina Martínez Rebolledo, llegó una mañana con un grupo de acompañantes y solamente fue a tomarse la fotografía para mostrar el grado de devastación y prometerles algunas despensas que no recibió la mayoría.

Sin embargo, la funcionaria estatal ha difundido en las cuentas oficiales de la Secultura que ha repartido despensas en colonias populares de Acapulco como solidaridad hacia los acapulqueños afectados por el meteoro, pero no se ha vuelto a parar en las instalaciones culturales.

La funcionaria estatal quien presume la protección y amparo del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, es conocida como uno de los funcionarios de ese sector cultural de mayor actitud prepotente que ha habido y siempre procura hacer en menos el trabajo de los trabajadores a quienes llama como “sus empleados”.

Una semana después de Otis, mandos de la Guardia Nacional se acercaron a la zona destruida. En pláticas con el director del Centro Cultural de Acapulco, Víctor Hugo Jasso Ortiz, le indicaron que ellos realizarían la labor de reconstrucción del sitio, pero más tarde adelantaron que usarían ese lugar para la pernocta del personal militar.

Al atravesarse la temporada vacacional de los trabajadores, los militares hicieron uso de las instalaciones. Ahí durmieron, se bañaron y hasta lavaban su ropaje. La idea de construir un centro de mando de la Guardia Nacional en esa zona turística de Acapulco fue tomando forma. El personal de la Secretaría desconocía el motivo de la presencia de los guardias nacionales y la decisión, pregonada por los mismos militares, de que “se trataba de una orden que venía de arriba”.

El pasado miércoles, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, informó que la dependencia a su cargo ya tiene listos 21 predios para iniciar la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional en Acapulco y Coyuca de Benítez y adelantó que la próxima semana iniciarían los trabajos.

El anuncio lo realizó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los 21 lugares exhibidos, la Casa de Cultura como coloquialmente se le conoce al sitio cultural, ocupó el lugar número 15 de la lista de sitios acapulqueños donde se construirán centros de mando de la Guardia Nacional.

Ahora que han retornado a sus actividades laborales, los empleados de la Secretaría de Cultura y del Centro Cultural de Acapulco (Casa de la Cultura) son sometidos a rigurosos escrutinios por parte de los militares. Todos los trabajadores deben presentar una identificación oficial de que trabajan en el sitio o no los dejan pasar, luego los anotan que ingresaron y cuando se van también son registrados.

En cambio, a los comerciantes invasores no les molestan con nada por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Mientras los trabajadores realizaban los trabajos de limpieza y remoción de algunos escombros, los vendedores iniciaron sus ventas como si nada hubiera ocurrido.

Los sedicentes artesanos ocupan la Sala de Usos Múltiples donde se instalaría una biblioteca Educal. Su ocupación ilegal impidió que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se concluyera una remodelación integral de las instalaciones culturales acapulqueñas.

Los militares, invasores también, actualmente ocupan parte de las instalaciones de la Galería Ixcateopan, un aula de la Escuela de Iniciación Artística, el auditorio Juan García Jiménez, la sala de lectura Carlos Fuentes y el salón Jaguar donde se daban cursos de iniciación temprana para bebés.

Durante una exposición fotográfica en 2023, mucho antes de que el huracán Otis devastara Acapulco, la actual secretaria estatal del sector se acercó a los artesanos para indicarles que metieran todas las cosas que tenían tendidas sobre parte de las instalaciones. 

Carmen De la Rosa le dijo dándole palmaditas en la espalda y en tono sarcástico:

—Somos de los mismos. También nosotros apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Acudimos a la marcha para apoyarlo. Mejor cálmese, relájese, somos iguales. Somos los mismos.

La funcionaria estatal ya no dijo más. Agachó la cabeza y se retiró del lugar.

(Continuará).