Atendiendo las necesidades
en materia de protección civil, y en busca de salvaguardar la integridad de las
familias guerrerenses, el Congreso del Estado armonizó la ley en materia de
Protección Civil y aprobó una serie de exhortos a las instancias estatales y
federales para que atiendan las deficiencias del rubro.
A principios del año, las diputadas y diputados de la LXIII
Legislatura aprobaron la reforma a la Ley de Protección Civil del Estado para
sancionar las llamadas falsas, de broma e improcedentes a los números de
Emergencia, asegurando el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de
Atención a Emergencias, con el objetivo de prevenir y sancionar el mal uso de
estos servicios.
La reforma plantea también el reforzamiento de las estrategias y
acciones preventivas para concientizar a la población sobre el adecuado uso de
los sistemas de emergencia, y en esa medida aumentar su eficacia en situaciones
de riesgo, evitando la saturación de las líneas telefónicas de los Centros de
Atención, y favoreciendo los tiempos de respuesta.
Atendiendo también el problema de los incendios forestales en la
entidad, se exhortó al secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus; al delegado del Gobierno Federal en
Guerrero, Iván Hernández Díaz; a alcaldes, alcaldesas y el Consejo Municipal de
Ayutla de los Libres para que instrumenten los mecanismos de presupuestación,
coordinación y participación ciudadana, con el objeto de prevenir y mitigar el
impacto de estos siniestros.
El objetivo es contar con la participación de propietarios y
poseedores de terrenos forestales para que, de manera coordinada con las
instancias involucradas, integren las comisiones necesarias y coadyuven con las
tareas de prevención y combate de incendios forestales a lo largo y ancho de la
entidad.
Aunado a los exhortos antes mencionados, el Poder Legislativo, a
través de la Mesa Directiva y de la Comisión de Protección Civil, firmó el
Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con la Unidad Académica
Regional de Educación Superior Zona Centro Campus Zumpango de la Universidad
Autónoma de Guerrero, para establecer las bases de colaboración y directrices
para la asesoría en materia de protección civil y gestión integral de riesgos,
así como el desarrollo de proyectos y trabajos conjuntos en los campos de la
docencia, asesoría, investigación científica, tecnológica, ambiental, difusión
de la cultura y seguridad.
Además, como parte de las funciones de la comisión legislativa, se
logró que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del
Gobierno del Estado obtuviera este año un aumento sustancial en su presupuesto,
pasando de 348 millones 021 mil pesos de 2022 a 379 millones 128 mil pesos en
el 2023.
Lo anterior fue resultado de un amplio recorrido por las
diferentes regiones de la entidad, donde se dialogó con las alcaldesas,
alcaldes y directores de Protección Civil municipales para conocer las
carencias de sus unidades y, en consecuencia, dotarlas de las herramientas y
equipo apropiados, así como la capacitación de sus miembros.
Por último, el pasado 7 de julio, la Comisión de Protección Civil
del Congreso, en coordinación con la Uagro, realizó el Foro Estatal “Hacia la
revisión del marco jurídico sobre gestión integral de riesgos y protección
civil”, un parlamento abierto donde se escucharon las voces del conocimiento,
experiencia y datos sobre la ejecución de gobierno, con el firme propósito de lograr
un nuevo y actualizado marco legal de gestión integral de riesgos y protección
civil, acorde a las circunstancias y necesidades actuales de Guerrero.
Producto de la amplia participación en este foro, se logró la
recepción de 109 propuestas, de entre las que destacan la mejora de la
infraestructura, equipamiento e insumos en las direcciones de Protección Civil
municipales, particularmente en los municipios marginados del estado; integrar
el Servicio Profesional de Carrera y mantener a los elementos actualizados en
cuanto a teoría y práctica de la labor; inclusión de mujeres en la estructura
de gestión de riesgo, además de las asociaciones civiles, de científicos y
académicos en el Consejo Estatal de Protección Civil, y abrir la participación
de la ciudadanía en los cargos de consultores externos, por mencionar algunos.
También se propone incluir la materia de protección civil en las
instituciones educativas; generar sistemas de alertamiento con enfoque
sistémico e integral, y conservar y vigilar las cuencas y sistemas de
alertamiento locales; integrar redes informativas de comunicación y contar con
un Centro Estatal de Investigación para Prevención de Desastres Naturales,
entre otros.
